32. LAS VÍCTIMAS DEL DESARROLLO: DISCUSIONES PARA LA ACCIÓN COLECTIVA

En el 2015 se cumplió el lapso fijado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Y las metas y los estándares trazados por las Naciones Unidas para los Estados firmantes de la Declaración de la Cumbre del Milenio (2000), son fuente aún de polémica dentro del movimiento de derechos humanos, que criticó, desde el comienzo, que se optara por el mejoramiento del bienestar sólo de la mitad de la humanidad afectada por la pobreza extrema, la falta de acceso al agua potable, la hambruna, las endemias (VIH sida, paludismo, etc.), el analfabetismo y la falta de educación primaria, por altas tasas de mortalidad infantil o que afectan a la salud materna, o por la gente cuyo medio ambiente ha sido degradado por factores económicos. 

Observando el panorama social de América Latina quince años después del establecimiento de los ODM por la comunidad internacional, los avances que se presentan son exiguos para las naciones y poblaciones más pobres, subalternas o subordinadas históricamente en la región.

En efecto,  la superación de la pobreza y de las discriminaciones sigue siendo un reto postergado. La Comisión Económica para América Latina-Cepal lo señaló en su informe anual de 2014 en estos términos: 

“… más allá de los avances logrados en el último decenio, la pobreza persiste como fenómeno estructural característico de la realidad latinoamericana” (Informe Cepal 2014). 

Precisa la  Cepal que mientras en 1999 la tasa de pobreza era del 43,8 % en la región (215 millones de personas) y la indigencia del 18,6 % (91 millones), en el año 2014 la tasa de pobreza se situó en el 28,1 % (165 millones), de los cuales 69 millones de personas se encuentran en la indigencia. 

A pesar de esta relativa disminución en las tasas de pobreza, la verdad es que subsiste una precariedad general en los indicadores sociales latinoamericanos. 

Esto no se puede explicar sólo por la falta de voluntad política de los gobiernos para superar las discriminaciones existentes, sino porque hay un modelo de desarrollo hegemónico global-localizado que impide los avances, y perpetúa las injusticias sociales al causar con su lógica de acumulación por desposesión graves catástrofes en los derechos sociales y colectivos de los pueblos, negando al mismo tiempo otros horizontes para la construcción del bienestar social. 

Son múltiples y crecientes los conflictos socio-ambientales que afectan a comunidades y territorios en los que se implantan proyectos de desarrollo auspiciados por gobiernos, inversionistas, empresas transnacionales o instituciones financieras. 

Son también numerosas las poblaciones afectadas en sus derechos y bienestar por las políticas de ajuste del modelo de desarrollo neoliberal. 

Esas situaciones vienen constituyendo una nueva tipología de quienes han padecido violaciones a los derechos humanos, y se han empezado a denominar “víctimas del desarrollo”. Estas personas y colectivos de afectados no han sido suficientemente considerados por la teoría social. 

No obstante, la noción de víctimas del desarrollo ha cobrado fuerza entre los movimientos sociales que luchan contra megaproyectos que dañan su dignidad y bienestar. Su visibilidad política está en aumento desde los años noventa, con las luchas de resistencia antiglobalización dadas contra proyectos extractivistas de recursos naturales, agropecuarios, industriales, de construcción de infraestructura, minero-energéticos, entre otros, así como contra las reformas y planes de ajuste de los gobiernos neoliberales. 

Pese a que la noción de víctimas del desarrollo cuenta con una importante fuerza semántica y política, no se ha realizado todavía un trabajo convincente que la consolide como categoría analítica, pues mientras existe una tradición académica y política alrededor de las víctimas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, e incluso se han establecido estándares internacionales para sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación (principios Joinet), hay una clara ausencia de reflexión sobre el significado de las víctimas del desarrollo que permita pensar con mayor detenimiento y especificidad sobre el contenido y exigibilidad de sus derechos. 

Éste es un asunto de suma importancia hoy cuando se expande la acumulación por desposesión que sustenta a la globalización hegemónica, que a instancias de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los tratados de libre comercio y protección de las inversiones, ha subordinado al derecho público estatal e interestatal –incluyendo los tratados de derechos humanos– a las lógicas del capital transnacional, especialmente en lo relacionado con la resolución de los conflictos socio-ambientales asociados a los proyectos de desarrollo.

Extracto tomado de la Presentación de la Revista El Otro Derecho #51 del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA